EL GOBIERNO DE RODRÍGUEZ SAÁ
El gasto en cargos políticos supera la inversión social: $13 mil millones en funcionarios versus $11.308 millones en asistencia y planes
El gobernador tiene alrededor de 2.000 puestos en la estructura, según los últimos datos. Los sueldos superan los fondos destinados el año pasado a asistencia social y acompañamiento al sector productivo.
Alberto Rodríguez Saá encaró la última etapa del mandato con una explosión de puestos políticos en la planta oficial: el gabinete del primer nivel de decisión tiene ahora 21 organismos con rango de ministerio y un organigrama de posiciones jerárquicas casi cuatro veces más grande que en 2016, entre funcionarios (coordinadores ministeriales equivalente a viceministro, jefes de Programa, jefe de subprograma, directores, jefes de oficina y jefes de área) y “contratados fuera de escala” (tal como se denomina a asesores sin atribuciones y funciones específicas con sueldos que van desde jefe de área a ministro, según el criterio del mandatario. En los años `80 en la jerga política se los llamaba también “aviadores”).
Ese conteo orgánico funcional no incluye reparticiones descentralizadas, las SAPEM, la sociedad del Estado Ramón Carrillo, ULP, UPrO y la vicegobernación, entre otros, con sus propias capas de gerentes, secretarios y directivos. Uno de los últimos organismos en incorporarse a la grilla fue el Observatorio de la Deuda Pública.
Según datos informados en los presupuestos, en 2016 el diagrama contaba con 592 lugares y para 2022 se proyectaron 1033. El actual presupuesto se aprobó en agosto.
La grilla de los 1033 quedó sin efecto en marzo al producirse el último retoque de la Ley de Ministerios para dar lugar al rearmado de la estructura. Se suprimió la figura del jefe de Gabinete para volver a la configuración tradicional que tiene a la secretaría General de la Gobernación con nueve secretarías con rango ministerial bajo su jurisdicción.
Gobernador Alberto Rodríguez Saá y el secretario General de la Gobernación y también ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá. (Foto Facebook Gobierno de San Luis)
A partir de ese momento los ministerios de convirtieron en superestructuras descomunales por la descontrolada creación de cargos. En la actualidad el staff está en unos 2.000 funcionarios y contratados fuera de escala, según se desprende de un seguimiento y control de decretos que realiza en forma permanente El Chorrillero y datos extraoficiales recopilados.
De todos modos, el número exacto y los nombres de cada uno son un misterio. El motivo: no se difunden los organigramas con la identidad de los responsables de las reparticiones en los sitios en internet y los decretos de todos los nombramientos no se reproducen en el Boletín Oficial y en los casos que se publican, generalmente se hace después de mucho tiempo o cuando al funcionario ya se le aceptó la renuncia.
Con los certificados de las mesas de las últimas elecciones y la mirada puesta en el próximo turno, Rodríguez Saá derramó hasta multiplicar la demografía política.
El casillero estatal contempla cargos jerárquicos para atender la dinámica de la militancia rentada.
La planta mastodóntica se infla al ritmo de la creciente necesidad política de Alberto Rodríguez Saá que transita el último tramo de su segundo ciclo en el Gobierno.
Con ese número, la proyección del gasto en sueldos -se actualizan en el mismo porcentaje que empleados y planes- de entre $250 mil y $700 mil, y las respectivas cargas previsionales, trepará a fin de año a los $13 mil millones.
El presupuesto volcado al pago de salarios del personal superior le gana de esa manera la carrera a la inversión social en un Gobierno que machaca con el eslogan “de la periferia al centro” que representa que hace centro con la gestión en los sectores populares. Rodríguez Saá suele decir: “Si los barrios están bien, el centro estará bien”.
“Dato mata relato”
Las planillas de las últimas Cuentas de Inversión reflejan el volumen de fondos afectados a inversión social.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar por mayoría las rendiciones de 2021 que informan una erogación total de $122.960 millones. Arrojaron un déficit de $9.117 millones. Es el tercer año que las cuentas cierran en rojo.
El Gobierno echó manos el año pasado a bonos cobrados de la deuda Nación-Provincia y consiguió $15.123 millones extras. Con estos recursos provenientes de la venta de una parte de la “joya de la abuela”, pudo maquillar las Cuentas para disimular el agujero.
De la masa total de recursos $11.308 millones fueron a asistencia social.
Estos son los números:
| Plan de inclusión $6.099.639.158
| Plan de asistencia al desempleado $1.653.260.000
| Becas 22AG $1.517.308.337
| Microcréditos $ 1.000.000.000
| Merenderos $419.441.697
| Ayuda extraordinaria a trabajadores $418.987.861
| Beca “Construyendo Sueños” $122.000.000
| Lucha contra la pobreza $51.908.038
| Bonos trabajadoras casas particulares $15.520.000
| Plan solidario $126.658.837
| Programa Empezar $13.626.180